E
ntre las peculiaridades de la democracia estadunidense, una de las más significativas es la libertad que cada estado tiene para decidir algunas de sus normas legales. No obstante que la Constitución de cada uno de los 50 estados deriva esencialmente de la de EU, hay contradicciones en algunas de ellas con la Constitución que dio origen a todos los estados que integran el pacto federal.
No es extraño que desde el nacimiento del pacto federal hayan surgido diferendos entre los estados y el gobierno federal. La salud y la fuerza de la Unión tienen su base en la relativa autonomía de los estados; así fue acordado por sus fundadores como condición para superar las diferencias surgidas en torno a su integración al pacto federal. Sin embargo, con el transcurso de los años hubo cambios en las relaciones sociales y económicas que se debieron reflejar en el documento que dio origen a dicho pacto. El problema es que para buen número de conservadores esa realidad no ha cambiado y su concepción petrificada de la historia ha dado rienda suelta a las más descabelladas ocurrencias, algunas de ellas francamente discriminatorias e incendiarias. La prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo, la de las mujeres a decidir sobre su reproducción y la de los indocumentados al derecho a trabajar son sólo algunos ejemplos.
En última instancia, a la Suprema Corte ha correspondido interpretar y adecuar esos cambios a la Constitución. Entre los casos que deberá dirimir próximamente está la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo, la estandarización de la educación en todo el país, la legalidad de diversos aspectos de la ley de salud y, desde luego, la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas del Presidente para posponer los juicios de deportación de millones de indocumentados. En cada uno de esos casos, diversos estados gobernados por el Partido Republicano han interpuesto demandas en tribunales federales para que las disposiciones del mandatario sean revocadas.
Las decisiones de la Corte no siempre han estado en sincronía con las transformaciones sociales en materia de avances sociales y de derechos humanos. Por tanto, no está claro cuál será su decisión en casos como el de la protección que el Presidente extendió a los indocumentados, pero sería un retroceso histórico si concede la razón a los estados que pretenden negarles el derecho al cobijo de la ley.
abalderasr@yahoo.com
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