Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Martes 17 de marzo de 2015, p. 6
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene en la mira a por lo menos 35 agentes aduanales presuntamente vinculados a una red de funcionarios de la Agencia General de Aduanas (AGA) que han permitido actividades de contrabando y que han lavado más de mil millones de pesos en los cinco años recientes, informaron fuentes gubernamentales y de la propia PGR.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) inició la averiguación previa PGR/UEIORPIFAM/235/2014, y recibe el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A decir de los funcionarios entrevistados, se trata de una de las investigaciones ministeriales más importantes contra funcionarios de la SHCP en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Encabeza directamente la indagatoria la fiscalía antilavado de dinero de la PGR.
Por orden del Ministerio Público Federal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya canceló la firma electrónica de 35 agentes aduanales, para que mientras sean investigados no puedan autorizar operaciones en las aduanas del país.
El Ministerio Público Federal también ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que congele diversas cuentas bancarias de esos agentes investigados por lavado de dinero.
A los funcionarios investigados se les involucra con una red de contrabando de textiles desde China, añadieron las fuentes consultadas.
Las autoridades mexicanas han detectado grandes redes de contrabando de textiles que han operado en México y que involucran a más de 153 proveedores, 31 importadores y 113 empresas virtuales.
A las personas morales y físicas sujetas a esta investigación también se les indaga por presunta evasión fiscal por más de 4 mil 56 millones de pesos, por lo que el SAT también colabora con las otras instituciones, añadieron las fuentes consultadas.
Los agentes del Ministerio Público que participan en el caso ya notificaron a los agentes aduanales que las autoridades de Hacienda detectaron la existencia de elementos de riesgo que puedan representar un mal uso de los certificados de sello digital.
El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades mexicanas desde finales de 2010, luego de que el Departamento de Inmigración y Aduanas estadunidense descubrió que una compañía radicada en Laredo, Texas, triangulaba mediante contrabando técnico embarques de textiles a los principales empresarios del ramo en la ciudad de México.
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