Deben explicar subejercicio en la comisión de atención a víctimas, exigen diputados

Deben explicar subejercicio en la comisión de atención a víctimas, exigen diputados

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2014, p. 9

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, José Luis Muñoz Soria, exigió, mediante la Comisión Permanente del Congreso, que el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín, ofrezca a la opinión pública los motivos y las justificaciones que lo llevaron a un subejercicio de 137 millones de pesos, cuyo fin era atender a las víctimas u ofendidos a través de servicio médico, sicológico, jurídico y de trabajo social.

Durante el ejercicio presupuestal de 2013, ese organismo incumplió la norma del gasto y omitió su responsabilidad para dar atención a los mexicanos que fueron víctimas de las acciones violentas del crimen organizado.

Por medio de un punto de acuerdo, que firmaron tanto Muñoz Soria como Roberto López Suárez, se establece que la Comisión Ejecutiva tiene el fin de elaborar el Registro Nacional de Víctimas, definir las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, determinar las medidas de asesoría jurídica, y colaborar en las investigaciones para la localización o ubicación de personas desaparecidas o no localizadas.

Para tales acciones la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 137 millones de pesos, para resolver las necesidades físicas y de asesoría, así como de asistencia a las que está obligada la comisión.

Desde 2012 el gobierno federal –en el último tramo de la administración de Felipe Calderón– ejerció un presupuesto de 26 millones 180 mil pesos. Para 2013 el total autorizado para la comisión ascendió a 233 millones 707 mil pesos. No obstante, de esta última cantidad sólo se ejercieron 95 millones 839 mil pesos, por lo que falta explicar el destino de 137 millones de pesos que no fueron utilizados.

Los diputados perredistas sostienen que a la fecha se desconoce, también, a cuánto asciende el fondo de ayuda que prevé la indemnización a víctimas y ofendidos, para el pago de reparación de daño, como se establece en la norma de la comisión. Los legisladores apuntan que dicha información debe ser del conocimiento público.

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