“Ningún indicio” en Edomex de amenazas contra la familia ejecutada en Michoacán

Israel Dávila y Ernesto Martínez

Corresponsales

Periódico La Jornada
Miércoles 14 de agosto de 2013, p. 11

Toluca, Méx., 13 de agosto.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) aclaró que no cuenta con carpeta alguna de investigación ni con indicios que hagan suponer que la familia atacada por un comando la madrugada del lunes en el municipio de Tuxpan, Michoacán, haya huido del estado de México por amenazas de muerte.

En tanto, su homóloga de Michoacán informó que la Procuraduría General de la República atrajo el caso, debido a que los agresores usaron armas largas y se sospecha que pertenecen al crimen organizado.

Casi 36 horas después de la masacre de siete integrantes de la familia Vences (entre ellos dos menores de 10 y 15 años), originaria del municipio mexiquense de Luvianos, y cinco más que resultaron heridos tras ser baleados en una vivienda de la colonia La Catalina, de Tuxpan, la PGJEM puntualizó que tras revisar los expedientes iniciados en la subprocuraduría del sur, no hay registro de personas que hayan interpuesto una denuncia por amenazas de muerte.

En un escueto comunicado, la dependencia asegura que no hay registro de denuncias de hechos constitutivos de algún delito en el municipio de Luvianos que pudieran estar relacionadas con lo sucedido en Tuxpan, Michoacán.

En tanto, en vocero de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, Alejandro Arellano Torres, dio a conocer que según versiones de testigos, la masacre fue perpetrada por tres sujetos, aunque pudieron haber sido más los que llegaron al domicilio de la colonia La Catalina, en Tuxpan.

Señaló que la mañana de este martes, los cuerpos de las víctimas fueron reclamados por sus familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo). Comentó que hay una menor de 12 años que se encuentra gravemente herida, mientras el resto de los lesionados se recupera satisfactoriamente.

Arellano Torres indicó que no se descarta ninguna línea de investigación, aunque sostuvo que la familia había sido amenazada por un grupo delictivo que opera en el municipio mexiquense de Luvianos, y que por ese motivo decidieron refugiarse en territorio michoacano.

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