Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 13 de enero de 2013, p. 8
La Ley General de Víctimas es un avance encomiable para resarcir a quienes han sufrido los estragos de la violencia en el país, pero si no se apoya en las organizaciones de la sociedad ni define su presupuesto y funciones corre el riesgo de convertirse en una herramienta jurídica inútil, advirtieron integrantes de colectivos especializados en desaparición forzada.
Blanca Hernández, directora de la Fundación Diego Lucero, consideró que el hecho de tener una legislación ya significa una ganancia, pero al mismo tiempo señaló que aún hay diversas limitaciones que pueden obstaculizar su puesta en marcha.
La quieren echar a andar en todo el país, pero, ¿qué infraestructura van a utilizar?; ¿de dónde van a sacar el dinero para atender siquiera a las víctimas del sexenio pasado?; ¿quién va a hacer la evaluación de qué tan grave es el daño sufrido por una víctima para indemnizarla?
, cuestionó.
Además de los detalles propios de la administración del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas (SNVA) –al cual dará lugar la norma– es fundamental que este organismo no concentre todos sus esfuerzos en repartir indemnizaciones económicas, sino que garantice el derecho de acceso a la justicia para terminar con la impunidad.
Javier Monroy, integrante del Taller de Desarrollo Comunitario, coincidió en que la ley de víctimas es un logro destacable para todas las organizaciones que habían pugnado por conseguirla, pero advirtió que todavía está por verse si esta herramienta podrá frenar los grandes mecanismos institucionales de la violencia.
La delincuencia organizada funciona desde las más altas esferas de poder. Es una empresa capitalista con una participación importante en la economía nacional, pero la ley no señala este asunto y por eso tenemos nuestras reservas de que pueda superar la impunidad y la injusticia
, aseveró.
Uno de los talones de Aquiles
de la norma, agregó, está en su reglamentación, pues si un aparato burocrático se hace cargo del SNVA, excluyendo a las víctimas y sus familiares, pueden crearse organizaciones satélite
que exploten el dolor de quienes han sufrido alguna pérdida, y la ayuda institucional no logre su cometido.
Otro punto delicado, enfatizó, es el de los recursos económicos que manejará dicho sistema. "Vemos difícil que se le dé el presupuesto que necesita y puede volverse un nido de corrupción.
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Es un avance, pero la falta de reglamentación es su talón de Aquiles
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