Gobernantes tejen relaciones con empresas y terminan sirviéndoles de empleados

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 3 de abril de 2015, p. 9

En tres décadas, grandes empresas abrieron la puerta a un ex presidente de la República, ex secretarios de Estado y altos funcionarios relacionados con los sectores energético y de comunicaciones, incorporándolos como socios, integrantes de sus consejos de administración y asesores.

Los ex funcionarios tejieron relación con las grandes corporaciones que fueron beneficiarias de actos de gobierno que las catapultaron en el control, sobre todo, del sector de la energía.

El caso ilustrativo de esta vinculación es el de Ernesto Zedillo Ponce de León. Fue presidente de la República, secretario de Educación Pública y de Programación y Presupuesto.

Hasta ahora es socio de la empresa ferroviaria estadunidense Kansas City Southern, e integrante del consejo de administración de la empresa ferroviaria Union Pacific. Ponce de León fue quien privatizó, en favor de ambas empresas, los Ferrocarriles Nacionales de México.

Su correr por las empresas privadas lo liga a los consejos ejecutivos de Procter & Gamble, Alcoa, Electronic Data Systems Corporation, Citigroup, Citibank, consejero de Grupo Prisa, consejero de la fundación Bill & Melinda Gates.

Zedillo Ponce de León, con largo historia de asesorías

Es miembro del consejo asesor internacional de ACE Limited, del consejo asesor internacional de Rolls-Royce, consejero asesor internacional de British Petroleum (BP), asesor de Credit Suisse Research Institute, integrante del patronato de la fundación del Foro Económico Mundial, presidente de la Red de Desarrollo Global y miembro del Grupo de los 30.

José Córdoba Montoya, quien fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República y poderoso consejero en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, trabajó de asesor de Luis Téllez Kuenzler en la Bolsa Mexicana de Valores.

Luis Téllez Kuenzler lo mismo trabajó con Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Fue subsecretario de Agricultura, jefe de la oficina de la Presidencia de la República, secretario de Energía y secretario de Comunicaciones y Transportes, respectivamente.

Ha participado en actividades privadas como presidente de la compañía DESC, consejero propietario de Fomento Económico Mexicano (Femsa), consejero de Grupo México, miembro de la junta de directores de las transnacional Sempra Energy (hoy Ienova), director general de la Bolsa Mexicana de Valores y director general del Fondo de inversión de Grupo Carlyle. En la actualidad es consejero de Pemex.

Fernando Gómez-Mont Urueta, fugaz secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón y diputado federal en la 55 Legislatura, hoy es asesor y defensor jurídico de la trasnacional estadunidense Sempra Energy (Ienova), representante jurídico de Grupo Minero México, socio de la mina de Pasta de Conchos.

Carlos Ruiz Sacristán desplegó su meteórico ascenso en el sexenio de Ernesto Zedillo. Fue director general de Crédito Público, subsecretario de Normatividad, subsecretario de Egresos, secretario de Comunicaciones y Transportes y director general de Pemex. A la fecha es director de Sempra Energy México (Ienova). Forma parte del consejo administrativo de la compañía Southern Copper Corporation, representa las inversiones de la familia Larrea en Perú.

Georgina Kessel Martínez también figuró en el gabinete de Felipe Calderón (de quien fue profesora). Se desempeñó de secretaria de Energía. Su carrera en el ámbito público la desempeñó como directora general de análisis de la Secretearía de Energía, Minas e Industria Paraestatal. A la fecha es integrante del consejo de administración de la trasnacional española en materia de energía, Iberdrola.

Ernesto Zedillo ahora es integrante del consejo de administración de Union PacificFoto Marco Peláez

Vicente Fox colaboró con Francisco Gil Díaz, quien pasó por Banamex y AvantelFoto José Carlo González

Carlos Salinas tuvo como incondicional a José Córdoba, quien fue asesor en la BMVFoto Marco Peláez

Felipe Calderón tuvo en su gabinete a Georgina Kessel, quien sirve a IberdrolaFoto María Luisa Severiano

Pedro Aspe Armella renegoció la deuda del Distrito Federal en 2007. Tiempo atrás se desempeño como el primer presidente del Inegi, subsecretario de Programación (con Miguel de la Madrid Hurtado), secretario de Programación y Presupuesto y de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Al abandonar la función pública fundó la empresa Protego Asesores, presidió el consejo de administración de Volaris y es copresidente del Consejo de Evercore Partners.

Jaime Serra Puche trabajó en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari de secretario de Comercio y Fomento Industrial, y al frente de la Secretaría de Hacienda ocupó el cargo un mes, pues fue removido tras el llamado error de diciembre.

Ahora Serra Puche es presidente de SAI Consultores SC, integrante de los consejos de administración de las empresas Chiquita Brands International, Fondo México, Tenaris, Vitro y Grupo Modelo.

José Ángel Gurría fue funcionario público en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Se desempeñó de director general de Crédito, subsecretario de Hacienda, director de Nafinsa, director de Bancomext, secretario de Relaciones Exteriores y secretario de Hacienda.

A la fecha es secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). También fue integrante del consejo externo de asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y es miembro permanente del consejo mexicano para el desarrollo económico y social.

Francisco Gil Díaz, en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, se mantuvo como pieza fundamental de la política económica. Trabajó de subsecretario de Ingresos, secretario de Hacienda y vicecoordinador del Banco de México. También fue miembro del consejo de Banamex-Accival, director general de Avantel y presidente del consejo de administración de grupo Avanzia.

Guillermo Ortiz Martínez fungió de secretario y subsecretario de Hacienda, secretario de Comunicaciones y Transportes y Gobernador del Banco de México. Hasta hace unos meses fue presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte.

Jesús Reyes Heroles González-Garza, ex secretario de Hacienda, ex director de Banobras y ex director general del Pemex, fue presidente ejecutivo de la empresa StructurA, miembro de los consejos consultivos para América Latina de Deutsche Bank y del Energy Intelligence Group, y socio de Raúl Livas en EnergeA.

Luis Ramírez Corzo, en el gobierno de Vicente Fox, trabajó de director general de Pemex, y a su paso por la iniciativa privada trabajó de presidente ejecutivo de la Compañía Servicios Petroleros Oro Negro, formado con fondos de las compañías estadunidenses Axis, Ares Management y Temasek de Singapur.

Juan José Suárez Coppel trabajó de coordinador de asesores del secretario de Hacienda, director corporativo de finanzas de Pemex y director general de Pemex.

Su paso a la iniciativa privada se concreta como tesorero del corporativo de Televisa, funcionario de Banamex para derivados, vicepresidente del grupo Modelo y consejero de la empresa Jacobs Engineering Group.

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Abraham Nuncio: La larga marcha

C

ansados, desesperados por no encontrar justicia en las autoridades mexicanas, y más bien ocultamientos, engaños y una insensibilidad pétrea, los padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala optaron por visibilizar su tragedia en territorio de Estados Unidos. Al término de su recorrido se habrán dirigido a organizaciones gubernamentales –incluso al embajador y a varios de los cónsules de México destacados en ese país–, no gubernamentales, sobre todo aquellas vinculadas a la defensa de los derechos humanos; a organismos internacionales con esta misma misión, y a muy diversas audiencias.

El propósito de las víctimas de la infamia coorganizada es dar a conocer in situ su versión del que llaman, con justeza, crimen de lesa humanidad. La demagoga nueva procuradora general de la República pretende minimizar ese calificativo. Venimos a desmentir las mentiras de nuestro gobierno, dijo María de Jesús Tlatempa, madre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

A esa ardua empresa se la ha llamado Caravana 43 y su presencia y su voz actualizan las que por primera vez emitió la Caravana de la Paz encabezada por el poeta Javier Sicilia, huérfano –si vale la palabra– a raíz del asesinato de su hijo.

El destino a veces sobrecarga de significado aquello que es motivo de tensión para uno. Horas antes de que la Caravana 43 iniciara su trayecto por el centro, este y oeste de Estados Unidos, en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León participaba yo, con el periodista Luis Petersen Farah, en la presentación del libro Contra Estados Unidos, del que es autor Diego Osorno, también periodista y además cineasta. Las crónicas del viaje nutrido de sorpresas y la conversación, en veces confidente, entre Javier Sicilia y Diego, conforman el volumen.

Varias de las escenas narradas por Osorno se repetirán sin duda a lo largo de la Caravana 43. Los peregrinos encontrarán actitudes y voces más comprensivas que en algunos compatriotas avecinados en su país. Voces estultas como la del ex presidente Fox, por ejemplo, han sido difundidas con largueza por los medios tradicionales, y literalmente acribilladas en las redes sociales, el nuevo termómetro del estado de ánimo nacional.

El propósito de la Caravana de la Paz era, como lo enfatizó Diego Osorno en la presentación de su libro, el mismo que anima a la que ahora protagonizan los padres de los 43 desaparecidos por la fuerza en Iguala: visibilizar la injusticia y la tragedia que ellos padecen, pero que comparten miles de padres y madres de familia en México.

La lógica de ambas caravanas podría parecer equívoca. ¿No tendrían que haber hecho un recorrido por los edificios oficiales que alojan a los poderes públicos, a los cuerpos de seguridad de mayor jerarquía y algunas de sus dependencias operativas más localizadas que han venido a simbolizar la injusticia y el delito impune en nuestro país?

Una respuesta atendible se halla en el prólogo al libro de Osorno, de John Gibler, el periodista estadunidense que ha escrito, además de numerosos artículos y reportajes, un par de buenos libros sobre la violencia institucional, la corrupción y la impunidad en México.

Gibler sugiere que no se trata de doblegar, y menos de destruir, al narcotráfico, sino de mantener una guerra de presupuestos, salarios, armamento y, sobre todo, capital político. La tesis del periodista tejano es lapidaria: "El narco y la guerra contra el narco: los dos son mercados y obedecen a las reglas del mercado, no a las del Código Penal". A los mexicanos esto nos queda claro, sobre todo luego del nombramiento como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Eduardo Medina Mora, uno de los facilitadores del operativo Rápido y furioso, que permitió al narco de este lado recibir un considerable cargamento de armas.

Hay que decir, no obstante, que no hay guerra sin objetivo político y uno que ha perseguido el gobierno de Washington es la intervención tecnológica e incluso armada de las fuerzas de ese país en el nuestro con cualquier motivo. Los dos mercados son trasnacionales, pero el motor principal, la sede del poder financiero y político del mercado de la guerra contra las drogas, se ubica en Estados Unidos, dice Gibler.

El enfoque de Gibler nos hace comprender mejor el sentido de la Caravana por la Paz y la Caravana 43 en Estados Unidos.

A una pregunta de Osorno sobre la palabra paz, Javier Sicilia señala el significado actual de esta palabra en nuestro país: "es la paz económica, que es una paz violenta porque es la del despojo, que alimenta a fin de cuentas la guerra, la paz de las grandes trasnacionales, la paz del arrasamiento de la tierra…"

Ante esa pax no hay sino dos salidas, la de las armas y la pacífica. La actual no es pacífica y se funda en el uso de las armas por parte de quienes, legal e ilegalmente, las compran y usan para perpetrar crímenes como el de Iguala. La institucional, que pasa por partidos, elecciones y el ejercicio del poder, tampoco ha probado ser una salida real. Petersen Farah apunta algo semejante al movimiento de Gandhi en la India. Comparto parcialmente su postura. Diego no tiene aún una idea redondeada. Nuestro dilema, me parece, pende sobre México.

Es posible que las caravanas, marchas, movilizaciones que se registran en diversas zonas y ámbitos sociales, así como el debate que suscitan, abonen a la respuesta que buscamos. La nuestra, como lo ha sido para otros pueblos en otros tiempos, es una larga marcha.

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Reprueba cancillería atentado en Kenia

De la Redacción

Periódico La Jornada
Viernes 3 de abril de 2015, p. 13

El gobierno de México deplora el atentado perpetrado por el grupo Al-Shabab en la Universidad de Garissa, Kenia, que ocasionó la muerte de al menos 147 personas y dejó decenas de heridos.En un breve comunicado, la cancillería "reitera su más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que transmite sus condolencias al pueblo y gobierno de Kenia, así como a los familiares de las víctimas".

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Penalizarán al PRD con $3.6 millones

Claudia Herrera Beltrán

Periódico La Jornada
Viernes 3 de abril de 2015, p. 10

Al Partido de la Revolución Democrática (PRD) le aguarda otra multa por 3.6 millones de pesos, porque su candidato a gobernador en Michoacán, Silvano Aureoles, no logró acreditar el origen de aportaciones privadas por un millón 785 mil pesos que se depositaron en efectivo, cantidad muy superior al límite permitido.

El dictamen, aprobado por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) y que será votado en la sesión del Consejo General del 8 de abril, concluye que el perredista actuó con dolo y cometió faltas graves especiales, porque en principio no identificó a los aportantes.

Esta sanción representa 12 por ciento de las prerrogativas por un monto de 30.3 millones de pesos recibidas por el sol azteca en Michoacán este año.

El millón 785 mil pesos fue depositado en efectivo en la cuenta del precandidato, como consta en una ficha de depósito presentada en la que no se advierte el nombre del depositante, explica el resolutivo.

El reglamento de fiscalización indica que las aportaciones en efectivo superiores al límite de 90 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (6 mil 309) deben realizarse mediante transferencia o cheque nominativo para obligar a transparentar el origen de los recursos que se reciben.

Aunque el PRD presentó después 87 nombres de supuestos aportantes, para el INE no logró acreditar el origen del dinero, porque no se hizo por medios bancarios. Concluye así que trató de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio.

El partido tampoco amparó con documentación donaciones de militantes por 53 mil pesos ni informó con veracidad el origen de 30 mil pesos. El INE preguntó a algunos aportantes y encontró testimonios como el de Janitzin Sánchez, quien negó haber dado algún recurso e incluso dijo que dejó de pertenecer al partido político el año pasado.

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La Sedena tiene 26 mil 759 becarios en todos los niveles

En el actual ciclo escolar, de un total de 26 mil 759 becas que otorgó la Secretaría de la Defensa Nacional se destinaron 16 mil 541 a hijos de militaresFoto Roberto García

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Viernes 3 de abril de 2015, p. 6

A partir de 2009 se impulsó un ambicioso programa de becas con el propósito de elevar la moral de los elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. El apoyo está destinado a militares en activo (desde soldado raso hasta general) y sus hijos. El único requisito que se exige es no reprobar materias y tener un promedio de calificaciones mínimo de ocho.

Sin embargo, el número de beneficiados que reporta la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no coincide con los dados a conocer por la dependencia a este diario en agosto de 2013 y los publicados en su revista electrónica La Gran Fuerza de México, de febrero de 2015, ya que la cantidad señalada en la publicación oficial es menor.

El jefe del Centro Coordinador de Becas de la Sedena, teniente coronel José Alfredo Castro, declaró (La Jornada, 19/08/13) que dicho programa beneficiaba a más de 29 mil 500 hijos de soldados, con un presupuesto mensual total de 35 millones de pesos.

Castro agregó que entre las instituciones de educación superior que tienen más becarios destacan: el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac y la Universidad del Valle de México, y que la colegiatura más alta que ha pagado la Sedena es de 28 mil pesos mensuales en nivel superior.

Explicó que el programa comenzó en 2009, por decreto presidencial, con 7 mil 347 becarios y en la actualidad suman 29 mil 500.

Sin embargo, la revista electrónica de febrero pasado señala que el número total de becas otorgadas fue de 21 mil 330 en el ciclo escolar 2012-2013, 25 mil 209 en 2013-2014 y 26 mil 759 en 2014-2015.

De ese total, las becas para hijos de soldados en 2012 sumaron 13 mil 728, 15 mil 315 un año después y 16 mil 541 en el presente ciclo escolar.

En tanto, las becas de militares en activo para estudiar en instituciones de educación superior privadas y, en menor proporción, públicas fueron 6 mil 902 en 2012, 13 mil 228 en 2013 y 14 mil 227 en 2014, según la publicación, la cual precisa los tipos de apoyo:

Beca escolar para hijos de soldados que cursen el nivel bachillerato o universitario. Para los que estudian el nivel medio superior el apoyo mensual es de 850 pesos para mujeres y 800 pesos para hombres. Para los universitarios es de 750 pesos el primer año, 830 el segundo, 920 el tercero y mil pesos el cuarto año y subsecuentes.

Beca especial para hijos de militares fallecidos, desaparecidos o incapacitados por actos del servicio, desde preprimaria hasta universidad en planteles privados o públicos. Además de que el beneficio cubre ciento por ciento todos los gastos que genere su educación, el estudiante recibe un apoyo mensual: en prescolar, 650 pesos; primaria, 800; secundaria 950; bachillerato (mujer 850 y hombre 800), y universidad, en los mismos términos que la beca escolar.

La beca especial y regular inclusiva se otorga a hijos de militares con alguna discapacidad física o mental transitoria o permanente a partir del nivel prescolar y cubre ciento por ciento el costo en cualquier institución privada o pública, y un apoyo económico mensual similar a los anteriores.

Bécalos por su valor se otorga a los hijos de militares que cursen la secundaria en escuelas públicas o privadas; consiste en 650, 700 y 750 pesos según el año que cursen.

La beca Manutención SEP es un apoyo mensual que se otorga a hijos de militares de todas las jerarquías que se encuentran estudiando en planteles privados y de gobierno.

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Volvió a fallar PGR en su intento de obtener orden de aprehensión contra la activista Nestora Salgado

Volvió a fallar PGR en su intento de obtener orden de aprehensión contra la activista Nestora Salgado

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 2 de abril de 2015, p. 9

Por segunda ocasión, la Procuraduría General de la República (PGR) falló en su intento por obtener una orden de aprehensión en contra de Nestora Salgado, ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero.

El segundo tribunal unitario penal consideró que los fiscales federales ''no aportaron al menos indicios mínimos que sustentaran legalmente la medida cautelar'' por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, según consta en la resolución judicial 43/2013, a la que tuvo acceso La Jornada.

La primera vez que la PGR intentó obtener una orden de captura contra Salgado fue a mediados de 2014, pero en aquella ocasión el juzgado octavo de distrito –con sede en Chilpancingo– también rechazó dar la razón al Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). Nestora Salgado está presa en Tepic, Nayarit, desde el 21 de agosto de 2013, por acusaciones del fuero común, luego de que un día antes fue detenida en su casa.

El segundo tribunal unitario con sede en Acapulco –según se desprende del fallo judicial al que tuvo acceso este diario– estableció que ''es un hecho notorio que (Salgado) era ajena a los delitos que le imputa el agente del Ministerio Público de la Federación, debido a que ya existía una resolución a su favor (emitida por el primer tribunal unitario penal, ubicado en Chilpancingo) exculpándola de los mismos hechos''.

En el año 2013, la PGR consignó a Salgado por un caso de secuestro registrado el 9 de junio de 2013, en agravio de las menores de edad Dulce Rubí Burgos Pérez, Betzabé Rubí Baltazar Sosa, Sofía Navarrete Baltazar y Yesenia Castillo Mesa.

La Procuraduría General de Justicia de Guerrero y la propia PGR consignaron a Salgado por estos hechos desde agosto de 2013, y meses después el primer tribunal unitario de Chilpancingo canceló el proceso federal contra Nestora por este asunto.

En virtud de lo anterior, y ante la intención de la PGR de volver a pedir la orden de captura contra Salgado, el segundo tribunal unitario negó la aprehensión, pues los hechos consignados en esta ocasión estaban relacionados con el procedimiento concluido desde 2014. Desde que asumió el cargo, el gobernador guerrerense, Rogelio Ortega, se comprometió a ''gestionar'' la libertad de Nestora Salgado y otros policías comunitarios de Olinalá, lo cual no se ha concretado.

En febrero pasado, la embajada de Estados Unidos citó a una reunión privada a Leonel Rivero, abogado de Nestora. Funcionarios consulares y políticos de la legación querían entender qué obstaculiza la liberación de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá.

Durante una entrevista con este diario, Rivero contó que a los funcionarios estadunidenses les dijo que ''el de Nestora es un típico caso de prisión política y persecución de la lucha social. Su situación condensa el rechazo del Estado a proyectos autónomos de seguridad pública que, como las policías comunitarias y las autodefensas, evidenciaron la incapacidad de las autoridades de proteger a las poblaciones indígenas y rurales''.

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Trasladan a opositor a la presa La Parota a un penal de Guerrero

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Jueves 2 de abril de 2015, p. 8

Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), fue trasladado el martes a un penal de Guerrero, luego de haber permanecido en la cárcel de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, en espera de que un tribunal colegiado resuelva sobre la presunta culpabilidad del activista, indicó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En un comunicado de prensa, la organización informó que el traslado del defensor de los derechos humanos a Guerrero se da en cumplimiento a la sentencia del 26 de enero de 2015, dictada por la juez tercero de distrito dentro del juicio de amparo 649/2014, interpuesto en favor de Suástegui.

En dicha sentencia, la juez determinó como ''ilegal e inconstitucional'' la orden de traslado del defensor comunitario al penal federal de Tepic (de máxima seguridad), en razón de que las autoridades penitenciarias no justificaron las razones particulares que motivaron la decisión, lo que implicó una violación a sus garantías.

Por tal razón, le ordenó al director general de Prevención y Reinserción Social del estado de Guerrero el inmediato reingreso del activista al penal guerrerense de La Unión, como forma de restituirle los derechos que le fueron violados.

Injustificado retraso para cambiarlo de cárcel

Sin embargo, lamentó Tlachinollan, ''el gobierno del estado de Guerrero se empecinó injustificadamente en retrasar el traslado de Marco Antonio, interponiendo un recurso de revisión extratemporal a manos del director general de Reinserción Social, sobre el cual después se desistió''.

Estas ''acciones legales extemporáneas'', enfatizó, contrastan con los mensajes públicos del Ejecutivo estatal (Rogelio Ortega Martínez) frente al Cecop y son una clara prueba de la falta de voluntad política y el uso arbitrario del sistema jurídico por parte del gobierno guerrerense, ''con el único objetivo de continuar la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos''.

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Jornaleros de San Quintín están dispuestos a negociar

Los jornaleros agrícolas de San Quintín afirman que su movimiento por obtener mejor salario continuará, porque es una lucha de hombres y mujeres que trabajan el campo con sus manosFoto Roberto Armocida

La Jornada Baja California

Periódico La Jornada
Jueves 2 de abril de 2015, p. 11

Mexicali, BC.

Los jornaleros de San Quintín rechazaron que detrás de su movimiento esté la guerrilla o que los respalden políticos, porque se trata de una lucha de hombres y mujeres que trabajan el campo con sus manos, afirmó Fidel Sánchez Gabriel, dirigente de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social.

Acusó al senador Ernesto Ruffo de ser uno de los políticos que han querido desestabilizar el movimiento campesino: olvidó que cuando fue candidato a gobernador irrumpió en una reunión de jornaleros para pedir el voto.

Fermín Salazar, también dirigente, aseveró que no permitirán que los partidos políticos se apoderen del movimiento. Sostuvo que mantendrán sus demandas de que les paguen un salario digno y están dispuestos a volver a la mesa de negociación, siempre y cuando participe directamente la Secretaría de Gobernación.

Explicó que debido a que los sindicatos priístas de las confederaciones Regional Obrera Mexicana, de Trabajadores de México y Revolucionara de Obreros y Campesinos afilian a los trabajadores sin su autorización, los aliancistas se pronunciaron contra el acuerdo del Consejo Agrícola de Baja California de incrementar el salario 15 por ciento.

Los jornaleros levantaron el plantón que mantuvieron tres días en el Centro Cívico de Mexicali y advirtieron que la lucha seguirá, porque se ha demostrado que pueblo con pueblo caminamos juntos, dijo Sánchez Gabriel al reconocer la adhesión de trabajadores durante la caravana de San Quintín a la capital de Baja California, en la que también recibieron la solidaridad de la Asociación César Chávez y del Frente Indígena Binacional.

Rechazaron el señalamiento del ex dirigente de la organización juvenil panista G15, Carlos Carlos Gorocica, de que si los jornaleros quieren ganar más, que estudien. De qué sirve que te mates estudiando si un jornalero quiere ganar 300 (pesos).

El mixteco Sergio Hernández dijo: si tuviéramos modo de estudiar, con mucho gusto estudiaríamos, aunque los mayores no, nada más los hijos, pero ni eso podemos, e invitó a quienes piensan así que los acompañen a una jornada de 15 horas en San Quintín. Vamos un día al campo a trabajar, a ver cuánto tiempo aguantas. Con un día (de trabajo) te aseguro que no vas a pedir 200 ni 300 (pesos), vas a querer ganar unos 2 mil.

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La STPS avala abusos al aprobar contratos de protección: CIOAC

Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada
Jueves 2 de abril de 2015, p. 11

La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) señaló que la situación que viven los jornaleros de todo el país, en especial en el Valle de San Quintín, Baja California, es producto de la complicidad entre autoridades laborales de los gobiernos federal y locales con los empresarios y las centrales que tienen contratos de protección.

Federico Ovalle Vaquera dijo a La Jornada que hace algunos años la CIOAC intentó ayudar a la organización sindical de los jornaleros del valle de San Quintín, pero las autoridades laborales no permitieron la creación de un gremio independiente.

Afirmó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha avalado los abusos contra los jornaleros al dar el visto bueno a contratos colectivos de trabajo de protección de centrales como las confederaciones de Trabajadores de México (CTM) y Regional Obrera Mexicana (CROM).

Señaló el gobierno no debe sorprenderse de los abusos contra los jornaleros rarámuris ni del movimiento iniciado en San Quintín, porque por omisión y complicidad se dieron esos excesos.

Apuntó que lo sucedido en el valle de San Quintín es una muestra de las condiciones en que viven los jornaleros agrícolas en el país, y prueba de ello es lo sucedido en Comondú, Baja California Sur, donde 200 tarahumaras vivían en chozas de hule y pisos de tierra, y lo de los 49 jornaleros de Colima que están en las mismas condiciones.

En tanto, Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), señaló que debe promoverse la "sindicalización independiente de los jornaleros y modificar la LFT en cuanto al registro de sindicatos para que los jornaleros no estén encadenados a organizaciones charras de la CTM, la CROC y la Confederación Nacional Campesina".

Lo que sucede en San Quintín, agregó, es producto del abandono de responsabilidades del Estado en cuanto a protección de derechos humanos y laborales de uno de los sectores más vulnerables, con la complicidad de la STPS y los gobiernos locales.

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Adolfo Sánchez Rebolledo: ¿Tortura? ¿Desaparición forzada?

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anzando por las calles del Centro Histórico, las calacas confirman una visión no por folklórica menos complaciente de México, una suerte de tarjeta postal envejecida donde los mitos –la fraternidad con la muerte– devienen show business, farsa posmoderna, aunque la tragedia, la verdadera, permanezca intocable entre los vivos. La verdad es que nadie se acostumbra al horror, a las periódicas matanzas que siguen marcando hitos en la desconfianza hacia la autoridad que investiga o persigue el delito o, lo que es igual, a las mismas instituciones creadas para preservar la seguridad y la justicia. Los hechos de Iguala y Cocula, ocurridos hace seis meses, tocan cuerdas vitales de nuestra existencia como sociedad, pues se suman a un rosario de crímenes impunes en los que la autoridad estatal tiene una responsabilidad ineludible, sin mencionar el 2 de octubre o la guerra sucia contra la guerrilla. Fue la reacción a ese estado de indefensión la que abrió paso a los defensores de los derechos humanos, cuyo movimiento creció en medio de la incomprensión casi general de una élites formadas en la justificación del principio de autoridad y en la interesada confusión entre el poder y la justicia.

Fue el cuestionamiento del movimiento estudiantil de 1968, en particular gracias a la defensa enarbolada para rebatir a la acusación oficial, lo que puso en jaque la miseria de la argumentación basada en el estado de derecho, la cual sin sonrojarse hacía de la confesión la prueba reina y a la tortura la mejor manera de obtenerla (habría que rescatar el debate que acompaña la creación de la CNDH dirigida por Jorge Carpizo, sería útil).

Hoy el tema de la tortura, así como otros capítulos sustantivos de los derechos humanos, de nuevo adquieren relevancia y visibilidad en la sociedad mexicana. Cambios trascendentes en las normas correspondientes, así como la suscripción de instrumentos internacionales, perfilan nuevas necesidades cuyo origen, en definitiva, está en las exigencias democráticas de la sociedad que padece los embates de la impunidad. Y, sin embargo, la autoridad parece tener la piel demasiado fina como para admitir que, más allá de los logros obtenidos, hay un déficit real en el cumplimiento de los derechos humanos. La negativa, incluso la hostilidad con la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha respondido lo mismo al Papa que a la ONU, dan cuenta de un problema político que el gobierno debe encarar sin falsas salidas. Como aseguran en una carta suscrita por distintas asociaciones contra la tortura, Es inaceptable que la SRE rechace que la tortura sea generalizada en México sin sustentar sus afirmaciones y sin explicar no solamente el alarmante aumento del número de quejas registradas por tortura y malos tratos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales de Derechos Humanos desde 2006, así como el incremento de averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República por este delito; sino el hecho de que los innumerables casos documentados dan cuenta de patrones de conducta que se repiten diariamente en el país, indicaron las organizaciones de derechos humanos.

En este punto, al igual que en el espinoso tema de las desapariciones forzadas, el gobierno quisiera evitar cualquier involucramiento que lo condenara ante la opinión pública y se resiste a conferirle a las denuncias un valor jurídico. Pero esa es justamente la lectura política de los derechos humanos que menos útil le resulta a la sociedad, pues a querer o no se trata de violaciones cometidas por el Estado, sin importar a qué nivel pertenezcan los perpetradores. Es muy importante distinguir, como lo hace el jurista Santiago Corcuera, cuál es el valor que tienen en el contexto de la ley respectiva, en este caso, la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de los términos que se usan, a fin de evitar las interpretaciones subjetivas que tanto confunden el debate.

Conviene, por ello, revisar qué dice la ley citada por Corcuera: Artículo 2. A los efectos de la presente convención, se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Al calor del caso Iguala-Ayotzinapa se ha avivado la exigencia de que se aprueben por fin las reformas sobre la desaparición forzada que sin duda reforzarían la defensa de los derechos humanos, pero aún es necesario no extraer conclusiones a partir de una visión impresionista que puede inducir a errores importantes. En ese sentido, es preciso no confundir a los crímenes contra la humanidad con los crímenes de Estado, dice Corcuera, y agrega: Un crimen de Estado puede serlo sin constituir un crimen contra la humanidad. En efecto, para que un crimen de lesa humanidad lo sea, se requiere que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, y por un ataque contra una población civil se entiende una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos como la desaparición forzada o la tortura o las ejecuciones, contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado de cometer ese ataque o para promover esa política. Creo, por lo tanto, que confunde los crímenes de lesa humanidad con los crímenes de Estado (http://bordejuridico.com/fueelestado-respuesta-de-santiago-corcuera-a-maria-amparo-casar).

Lo más importante es que, detrás de la clarificación de los conceptos, prevalezca la voluntad de actuar para que la tortura y la desaparición forzada dejen de ser instrumentos del poder usados como recursos de la justicia.

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