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Aumenta la violencia en Tamaulipas: 40 plagios y 103 asesinatos en dos meses

Written By Unknown on Kamis, 02 April 2015 | 00.58

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En Tamaulipas no ha mejorado la seguridad, según estadísticas de Gobernación, como muestra la imagen captada en el municipio de Río BravoFoto de la cuenta de Twitter @ValorTamaulipas

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Miércoles 1º de abril de 2015, p. 6

La situación en Tamaulipas no mejora en materia de seguridad. En esa entidad se ubican los municipios con mayor número de secuestros, aunque en general van al alza casi todos los delitos: robos, lesiones y daño en propiedad ajena, entre otros.

En el primer bimestre del año acumula 40 plagios, la quinta parte del total nacional, con lo que mantiene la tasa de secuestros más alta del país.

Los homicidios dolosos casi se duplicaron de enero a febrero, al pasar de 36 a 67, casi 50% con arma de fuego.

Lo anterior significa que en Tamaulipas se denunciaron ante el Ministerio Público 17 secuestros en enero y 23 en febrero; en similar proporción ocurrieron 36 y 67 asesinatos por mes, vinculados al crimen organizado.

También hay un aumento importante en el robo de vehículos con violencia; asaltos a instituciones bancarias, también con violencia; lesiones dolosas y culposas; abuso de confianza, daño en propiedad ajena y delitos sexuales.

La convulsión en la entidad se agudizó en 2014, cuando fueron denunciados ante el Ministerio Público 44 mil 637 delitos, casi 8 mil más que en 2013.

El año pasado, sólo en cinco municipios tamaulipecos se perpetró 11 por ciento de los secuestros de todo el país.

Encabeza la lista Ciudad Victoria, con 58 secuestros en 2014; en el primer bimestre de 2015 llevaba 12.

Si la contabilidad se hace por tasa (casos por cada 100 mil habitantes), Ciudad Victoria está al mismo nivel de Matamoros. Le siguen Reynosa y Tampico.

En 2014 Matamoros acumuló 88 homicidios dolosos con arma de fuego, 17 secuestros y 98 violaciones.

Nuevo Laredo, destaca en cuanto a violaciones, con 56 denuncias. En Reynosa se acumularon 41 secuestros y 126 violaciones sexuales, y en Tampico, 30 plagios y 59 ataques sexuales.

Una tendencia similar se registró en el primer bimestre del año. Ciudad Victoria va a la cabeza en cuanto a raptos, y Nuevo Laredo en ataques sexuales, según el más reciente corte estadístico del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación.

Integrantes del gabinete de seguridad adjudican la crisis de violencia a la pugna entre dos grupos criminales por el control de la región.

La crisis en cuanto a secuestros para alimentar las arcas de los grupos criminales, se acentuó desde 2013, cuando se reportaron 211 denuncias y en 2014 se incrementaron a 262.


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Seguirá en el penal dueño de Oceanografía

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Miércoles 1º de abril de 2015, p. 10

La magistrada federal Isabel Porras Odriozola confirmó ayer el auto de formal prisión que enfrenta Amado Yáñez Osuna (accionista mayoritario de Oceanografía) desde el 28 de octubre de 2014, por su presunta responsabilidad en el fraude por más de 5 mil millones de pesos en perjuicio de Banamex.

Fuentes del Poder Judicial Federal informaron que la magistrada encontró pruebas de cargo suficientes para confirmar el juicio que debe enfrentar Yáñez, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) aportó documentales con las que se puede presumir que el empresario presentó 166 estimaciones falsas a Banamex para obtener créditos.

El 26 de octubre de 2014, cuando Yáñez compareció tras la rejilla de prácticas del juzgado decimocuarto de distrito y frente al juez Rubén Darío Noguera Gregoire, negó ser responsable del daño patrimonial a Banamex.

El expediente de la causa penal 96/2014 se inició luego de que la PGR ejercitó acción penal contra el principal accionista de Oceanografía. Está acusado por el delito de violación al artículo 112, fracción 1, de la Ley de Instituciones de Crédito, apartado legal que está previsto para quien proporcione datos falsos a una institución bancaria para obtener créditos y ocasione un perjuicio o quebranto patrimonial al banco, en este caso por una suma superior a 350 mil días de salario mínimo.

Este delito está considerado grave por la ley, por lo que no tiene derecho a la libertad bajo fianza.


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La periodista presenta queja ante la CNDH

De la Redacción

Periódico La Jornada
Miércoles 1º de abril de 2015, p. 11

Carmen Aristegui y otros periodistas y colaboradores despedidos de MVS presentaron este martes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja contra omisiones y actos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Gobernación.

Los quejosos, sin embargo, no difundieron los actos y las omisiones que atribuyen a las dependencias gubernamentales.

Los periodistas detallan que el detonante de la situación fue la emisión unilateral de nuevos lineamientos editoriales (por parte del Grupo MVS), ocurrida el 13 de marzo, lo cual violó el acuerdo general y el contrato individual de la periodista, así como los criterios establecidos en enero de 2009, mismos que fueron convenidos entre ambas partes.

Los lineamientos debían entrar en vigor el lunes 16 de marzo. Un día antes, al crecer el conflicto entre la periodista y el grupo empresarial, MVS había anunciado el cese de la conductora. En consideración del equipo de Aristegui, este cambio no sólo es de carácter contractual, sino que trastoca de manera sustantiva los principios de libertad editorial, libertad de expresión de la periodista y de sus colaboradores, afectando el derecho a la información de un amplio sector de la población mexicana.

En la queja se menciona que al analizar los lineamientos de MVS se desprende que atentaban contra los principios generales de la libertad de expresión y a la conciencia y ética profesional de la periodista, por lo que Aristegui decidió rechazarlos aludiendo su cláusula de conciencia periodística.

De igual forma, señala que la objeción de la cláusula de conciencia, de acuerdo con los parámetros internacionales, no podrá conllevar ninguna consecuencia legal o laboral en contra de las y los periodistas que la invoquen, pues constituye un elemento consustancial del compromiso ético y editorial con la sociedad y con las audiencias receptoras de la información difundida.

Además de Carmen Aristegui, el documento está firmado por Denise Dresser, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Irving Huerta, Daniel Lizárraga , Rafael Cabrera, Enrique Galván Ochoa, Laura Barranco, Gustavo Sánchez, Livier Cuevas, Dulce González, Mardonio Carballo, Eduardo Gómez, Luis León, Sebastián Barragán, Ameyalli Mota y Adriana Buentello.

Tras recibir el documento, la CNDH señaló que dará trámite a la queja en cuestión y, conforme al mandato constitucional, en su oportunidad emitirá el pronunciamiento correspondiente.


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Francisco López Bárcenas: La rebelión de los jornaleros en San Quintín

L

os jornaleros que trabajan en los campos agrícolas donde se producen las hortalizas para nuestra alimentación y la exportación son de los trabajadores peor pagados y más maltratados en nuestro país. Ellos lo saben, pero lo aceptan porque no tienen alternativa. Expulsados de sus comunidades por la miseria, que no les permite asegurar un sustento para vivir decorosamente, llegan a los campos agrícolas sabiendo que los patrones y capataces los tratarán con desprecio, como si no fueran humanos, pero al menos tendrán asegurado un dinero para comer y satisfacer sus necesidades más apremiantes y las de sus familiares. Sabedores de esta situación, los patrones, enganchadores, capataces y autoridades tejen redes de complicidades donde, como los mosquitos en las telarañas, quedan atrapados, a merced de quienes con su trabajo hinchan sus bolsas de dinero.

La situación es injusta y, cuando se vuelve insoportable, los jornaleros se organizan y luchan por cambiarla por otra mas llevadera. Eso sucedió los días 16 y 17 de marzo pasado en el poblado de San Quintín, Baja California, cuando miles de jornaleros, hartos de que sus reclamos no fueran atendidos por las autoridades, decidieron cerrar la carretera Transpeninsular y con ello paralizar la economía del estado. Sorprendido por la movilización, el gobierno optó por la agresión contra los trabajadores movilizados y la detención de las personas más activas; dicho de otra manera, decidió proteger la economía del estado antes que atender la demanda de los rebeldes; pero la persistencia de la movilización jornalera lo obligó a abrir una mesa de negociaciones para dialogar con ellos.

Las demandas que los jornaleros presentaron en la mesa de negociaciones son las mismas que desde meses atrás habían puesto en manos de los funcionarios estatales y que en cualquier país donde se respetaran las leyes no deberían esperar una movilización de esta magnitud para ser atendidas: seguridad social, respeto al derecho de antigüedad, pago vacaciones, séptimo día, días festivos y horas extras, descanso para madres trabajadoras y libre sindicalización. Junto a éstas enarbolaron otras demandas más concretas, como el cese del acoso sexual a las mujeres, un salario mínimo de 300 pesos por día, pago de 30 pesos por caja de fresa, diecisiete pesos por jarra de mora y ocho por cubeta de tomate. Estos reclamos demuestran que cuando se dice que los jornaleros viven en la semiesclavitud no se esta usando ningún eufemismo, sino describiendo una injusta realidad.

La rebelión de los jornaleros de San Quintín ha mostrado la insensibilidad de los patrones con los trabajadores que hacen posible que sigan acrecentando su riqueza, la venal parcialidad del gobierno al servicio de ellos y, en muchos casos, el racismo de ciertos sectores sociales que en redes sociales ha llenado de improperios a los rebeldes. La actitud de estos últimos puede ser entendida si se toma en cuenta que aunque vivan cerca de los jornaleros no se preocupan por ver su realidad; pero la de los primeros es inaceptable, pues, obligados como están a velar por que sus derechos sean respetados, son los primeros en violarlos, porque en muchos de los casos ellos mismos son patrones o deben el cargo a ellos. Afortunadamente, también existen amplios sectores que han salido a brindar su solidaridad a los rebeldes, lo cual es importante para el rumbo que tomen los acontecimientos.

La rebelión de los jornaleros de San Quintín no ha terminado. Derivados de la mesa de negociaciones existen 15 acuerdos, pero ninguno asegura que la situación cambiará en realidad, sobre todo porque hasta ahora los patrones se han negado a participar por no comprometerse y sólo lo ha hecho el gobierno estatal, siendo que muchas de las demandas son de carácter federal y por lo mismo no hay ningún compromiso firme de sus parte de atacar de fondo el problema. Frente a esta situación, los jornaleros rebeldes han iniciado una campaña que por ahora abarca el noroeste del país, explicando las razones de su lucha y buscando la solidaridad social para resistir la embestida gubernamental de apoyo a los patrones. El apoyo popular a quienes con su esfuerzo producen alimentos para alimentar a los mexicanos y el mercado internacional es necesario en este momento, de otra manera será mas difícil que logren sacudirse la injusticia histórica que pesa sobre sus espaldas.


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Con Calderón, a los narcos de Michoacán se les hacía parecer como héroes: Osorio Chong

Con Calderón, a los narcos de Michoacán se les hacía parecer como héroes: Osorio Chong

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En Michoacán bajaron 34 por ciento los homicidios relacionados con el narco, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio ChongFoto Notimex

Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 1º de abril de 2015, p. 9

Apatzingán, Mich.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que en Michoacán disminuyeron 34 por ciento los homicidios relacionados con la delincuencia organizada.

En el salón principal del hotel Posada del Sol, Osorio Chong presidió, junto con autoridades de seguridad estatales y federales, así como el gobernador, Salvador Jara, y ciudadanos de Apatzingán, la instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia.

Destacó que se ha olvidado cómo hace una década se extendió el poderío, la acción, la manipulación, la intervención y filtración del crimen organizado dentro del gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil.

Admitió que Michoacán fue el último estado con serios problemas de seguridad en donde entró el gobierno federal, porque no queríamos llegar con un plan fallido como los que se vivieron y sin una estrategia integral.

Mientras se planteaban los avances en la lucha contra la delincuencia, el sacerdote José Luis Salgado, de la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, aseguró que la situación actual en materia de seguridad es desastrosa e incierta.

El sacerdote se refirió a Luis Antonio Torres, El Americano, un "templario arrepentido que fue puesto en libertad cuando todos saben lo que ocurrió el 16 de diciembre pasado", dijo en alusión al enfrentamiento donde murieron 11 personas.

Agregó: Me parece una tontería decir lo que hicieron para dejarlo en libertad. Desde ahí se va notando la falta de inteligencia, de prudencia en la interpretación de la ley; no se puede exonerar a nadie sin un juicio.

Destacó que el pueblo de La Ruana está preso y es esclavo de la inquietud. Es necesario quitar todas las fuerzas ciudadanas, pues muchos son autodefensas, gente buena, pero la mayoría son malos. Se requiere, dijo, una verdadera policía, retirar a los grupos armados y que la autoridad haga su trabajo, porque hay agentes que son delincuentes.

También pidió que se investigue a todos los candidatos a cargos de elección popular, "porque algunos son delincuentes, estuvieron con La Tuta, hay videos". Puso como ejemplo que "el alcalde de Buenavista es conocido como integrante de la delincuencia organizada; a su hermano lo asesinaron por ser parte del cártel de Los caballeros templarios".

Destacó que en la zona siguen el cobro de cuotas, los secuestros y otros delitos.

Osorio Chong detalló que el gobierno federal se ha esmerado en recuperar el territorio, y criticó la acción mediática de la administración federal anterior, que lejos de combatir la delincuencia hacía parecer a los narcotraficantes como héroes.

El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, admitió que en Apatzingán aún hay cobro de cuotas y otros delitos, pero en general, dijo, la delincuencia ha sido abatida en 90 por ciento.


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El sindicato minero demanda detener la competencia desleal en el mercado del acero

Written By Unknown on Rabu, 01 April 2015 | 00.59

El sindicato minero demanda detener la competencia desleal en el mercado del acero

César Arellano García

Periódico La Jornada
Martes 31 de marzo de 2015, p. 6

El presidente y secretario general del sindicato de trabajadores mineros, Napoléon Gómez Urrutia, pidió al presidente Enrique Peña Nieto que proteja a la industria mexicana del acero y las fuentes de empleo.

"La preocupación fundamental en lo personal y del sindicato es que ante la oleada de importaciones de acero con precios castigados, o dumping, el gobierno actual debe actuar de tal manera que no se afecten los derechos de los trabajadores ni las fuentes de empleo, al mismo tiempo que se proteja a la industria nacional".

Lo anterior lo dijo en relación con la competencia desleal que contra la producción de acero de México están ejerciendo empresas de Corea del Sur, China, Rusia, Ucrania, India y Japón, entre otras, lo cual pone en desventaja a las que en el país producen el mineral de hierro y su transformación en acero.

En un comunicado, Gómez Urrutia, dijo que al parecer nadie está defendiendo en México a la industria acerera ni a los trabajadores del sector, por lo cual estamos demandando que el gobierno cierre las importaciones de acero a precios subsidiados, para proteger la producción nacional, aunque sea de manera temporal, y los empleos que genera esta industria.

El gobierno federal, señaló, a través de las secretarías de Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores, debe identificar a los empresarios mexicanos y a los políticos que han estado medrando con las importaciones de acero, para detenerlas y proteger tanto a las empresas como a los trabajadores que laboran para ellas.

Aseguró que hay una competencia desleal de los acereros extranjeros, que saca del mercado a los productores que en en el país se ocupan de elaborar este metal.

"Cuando las empresas enfrentan esta competencia desleal, el sindicato minero se suma a la búsqueda de soluciones a esta crisis.

Las empresas del sector deben ser protegidas por el gobierno, el cual debe trascender las posturas de absoluto respeto al libre mercado que ha venido ejerciendo permanentemente. Se trata de salvar a esta industria y de proteger los empleos, insistió.

Al respecto, informó que los trabajadores agrupados en la sección 271 del organismo sindical, del puerto industrial Lázaro Cárdenas, Michoacán, se reunieron el sábado 28 de marzo en su local gremial y tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

"Cerrar filas y ratificar el apoyo y respaldo total al presidente y secretario general, Napoleón Gómez Urrutia, en los proyectos de productividad, eficacia y generación de empleos.

Apoyo total a todas las acciones y medidas que emprenda y determine para impulsar la sustentabilidad y la competitividad de nuestra fuente de empleo. Que los comités ejecutivos local y nacional publiquen un desplegado en el que demandan al Presidente que aplique las medidas pertinentes para fortalecer la economía de nuestra fuente laboral, y exhortar al gobierno federal a que otorgue las garantías políticas necesarias a Gómez Urrutia, para su pronto regreso al país.

El dirigente del sindicato minero añadió que urge que el gobierno atienda este problema, ya que empresas tan poderosas como Arcelor Mittal se están viendo en la necesidad de proceder a un paro técnico, que podría afectar la estabilidad laboral de muchos trabajadores.

Urge, en este sentido, que el gobierno se ponga del lado de las fuentes de empleo y evite las enormes ganancias especulativas que los productores extranjeros están obteniendo a costa de la industria nacional, por lo cual es muy importante que identifique a empresarios mexicanos que se benefician de este tráfico desleal y a políticos y funcionarios que también lo hacen.

Es necesario, agregó Gómez Urrutia, tener una nueva política económica y comercial que defienda la economía y la soberanía nacionales, "porque ya basta de la explotación irracional de los recursos materiales y de la mano de obra que realizan algunos empresarios, que ahora se ve agravada por el dumping acerero.

Por otra parte, hay empresas y empresarios que con miopía ya están planteando cómo se aprovechan de esta situación para inducir o ejecutar paros técnicos en el futuro que reduzcan los empleos de sus trabajadores, lo cual debe ser detenido por el gobierno con una política de protección adecuada tanto de las industrias como de los puestos de trabajo.

Ese es el caso, añadió, del empresario Alonso Ancira Elizondo, de Altos Hornos de México, quien ya está divulgando en los medios locales de Coahuila que podría asumir acciones similares a la que se ha visto obligado Arcelor Mittal en Michoacán y efectuar reajustes drásticos de personal, sin importarle las condiciones de vida de sus trabajadores.


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La muerte del testigo protegido no beneficia a Gordillo: funcionarios

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La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la rejilla de prácticas del Reclusorio OrienteFoto Cortesía del Consejo de la Judicatura Federal

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Martes 31 de marzo de 2015, p. 3

La muerte de Erick Salvador Rodríguez García, único testigo protegido que tenía la Procuraduría General de la República (PGR) en el proceso que se sigue a Elba Esther Gordillo, no elimina en automático los testimonios de cargo que rindió en contra de la maestra, pero, como no pudieron ser controvertidos por los abogados de la ex lideresa magisterial, serán valorados como ''dichos no ratificados'' que sólo tendrán valor de indicio, mas no de prueba plena, aseguraron funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) consultados por La Jornada.

De su lado, funcionarios de la PGR rechazaron que la muerte del testigo beneficie a Elba esther Gordillo Morales, debido a que existe un caudal de pruebas documentales, periciales y testimoniales con las que los fiscales federales pretenden demostrar la culpabilidad penal de la maestra en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El penalista Marco Antonio del Toro, defensor de Gordillo, dijo en entrevista con este diario que ''la PGR jamás informó al juzgado que su testigo estaba en una situación médica tal que exigiera la hospitalización permanente, pues, de haberse hecho eso, se hubiera podido hacer el interrogatorio en un hospital desde hace varios meses y la autoridad no habría perdido la posibilidad de usar la prueba testimonial''.

Rodríguez García era una figura clave en el proceso contra la ex lideresa magisterial, ya que declaró ante la PGR que la profesora gastaba de 7 a 15 millones de pesos al mes con cargo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mediante operaciones autorizadas por su actual líder, Juan Díaz de la Torre.

El testigo protegido falleció la madrugada del pasado domingo en un hospital privado del Distrito Federal, debido a problemas cardiovasculares.

El pasado 12 de marzo, Rodríguez no asistió por séptima ocasión a una diligencia a la que estaba citado en el juzgado sexto de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal, donde se lleva el juicio a Gordillo por delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 978 millones de pesos.

Fue en esa ocasión cuando la procuraduría informó al juez que Rodríguez tenía un padecimiento cardiaco que le impedía acudir al interrogatorio. Su inasistencia suscitó el reclamo del abogado Del Toro, quien ese mismo día pidió citar a declarar a los médicos del testigo protegido y practicar una inspección judicial al lugar donde estaba internado.

Ayer, en entrevista con La Jornada, Del Toro refirió que ''de manera reiterada y sistemática'' la PGR entorpeció la presentación de Rodríguez ante el juzgado que lleva el caso de lavado de dinero, por lo que nunca pudo efectuarse el careo al que tenía derecho Gordillo Morales para desacreditar los dichos del testigo.

''No me explico la razón por la que la PGR entorpeció reiterada y sistemáticamente la presentación del supuesto testigo protegido para ser interrogado por la defensa de la maestra Gordillo'', refirió.

Dijo finalmente que ''es muy extraño y hace pensar que existía algún motivo para que la procuraduría no lo hubiera hecho. Y es que se usaron los pretextos más inverosímiles para impedir que interrogáramos a esa persona''.


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En aumento, el número de indocumentados que trabajan como gerentes en EU: Centro Pew

En aumento, el número de indocumentados que trabajan como gerentes en EU: Centro Pew

Notimex

Periódico La Jornada
Martes 31 de marzo de 2015, p. 11

Washington.

Los indocumentados en Estados Unidos, la mayoría mexicanos, trabajan de manera creciente en profesiones de cuello blanco y cada vez menos en la construcción o el campo, de acuerdo con un nuevo estudio del Centro Hispano Pew.

El insólito tránsito laboral, una de las secuelas de la llamada gran recesión de 2007 a 2009, muestra que el número de indocumentados en trabajos gerenciales o profesionales creció 180 mil plazas, mientras que el total de empleados en construcción o producción bajó 475 mil en ese periodo.

A pesar de estos cambios, los trabajadores migrantes no autorizados siguen concentrados en trabajos de baja capacitación, en mucho mayor medida que los trabajadores nacidos en Estados Unidos, señaló el estudio elaborado por los demógrafos Jeffrey Passel y D'Vera Cohn.

El fenómeno de la movilidad laboral ascendente de los trabajadores indocumentados es un espejo de los cambios detonados por la reciente etapa recesiva de la economía estadunidense y que impactaron a la totalidad de la fuerza de trabajo civil en el país.

En el caso de los indocumentados, la proporción de los migrantes dedicados a empleos gerenciales o profesionales aumentó a 13 por ciento en 2012, comparado con 10 por ciento en 2007.

De la misma forma, el porcentaje de indocumentados en las industrias de la construcción o de la producción bajó en 2012 a 29 por ciento respecto del 34 por ciento existente en 2007.

Sin embargo, la gran mayoría de los migrantes indocumentados mantiene aún empleos no calificados, que con frecuencia son los menos remunerados en Estados Unidos.

El estudio muestra que 62 por ciento de los indocumentados aún mantiene empleos en el sector de la producción, lo que representa el doble de la proporción de los trabajadores estadunidenses, de acuerdo con las cifras correspondientes a 2012.

Los sectores del agro, pesca y bosques concentran al mayor porcentaje de trabajadores indocumentados, con 26 por ciento, seguidos por el mantenimiento, con 17 por ciento; la construcción, con 14 por ciento, y la preparación de alimentos, con 11 por ciento.

Nueve por ciento de los migrantes indocumentados laboran en la producción, 7 por ciento en la transportación y apenas 5.1 por ciento en la fuerza laboral civil.

Por comparación con la población nacida en Estados Unidos, la proporción de indocumentados que labora en el campo es 800 por ciento más alta, toda vez que apenas 0.5 por ciento de los ciudadanos estadunidenses por nacimiento trabaja en el agro.

El estudio encontró que en la mayoría de los estados del país, los migrantes indocumentados que laboran en el campo representan la mayor proporción de los trabajadores no autorizados.


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Pide director de Ap que plagio o asesinato de periodistas se consideren crímenes de guerra

Pide director de Ap que plagio o asesinato de periodistas se consideren crímenes de guerra

Ap

Periódico La Jornada
Martes 31 de marzo de 2015, p. 9

Hong Kong.

El presidente y director general de la Associated Press pidió este lunes que se introduzcan cambios en las leyes internacionales para tratar el secuestro o asesinato de periodistas como un crimen de guerra.

Gary Pruitt dijo que se necesita un nuevo marco para proteger a los periodistas al cubrir conflictos en los cuales son cada vez más blanco de ataques de grupos extremistas.

En otros tiempos, la palabra Press (prensa) en el chaleco, o Press o Media en el vehículo les daba a los periodistas cierto grado de protección, porque se les consideraba civiles independientes que narraban la historia del conflicto, expuso Pruitt.

Pero qué sucede ahora: ese rótulo probablemente los convierte en un blanco, señaló en un discurso en el Club de Corresponsales Extranjeros de Hong Kong.

El 2014 fue un año particularmente grave para la Ap: cuatro periodistas de la cooperativa de noticias murieron cuando realizaban su tarea. En todo el mundo, 61 periodistas perecieron en cumplimiento de su tarea y más de mil desde 1992, según el Comité de Protección de ­Periodistas.

Una de las muertes de mayor resonancia fue la de la fotógrafa de Ap Anja Niedringhaus, a quien un agente de policía disparó cuando cubría unas elecciones en Afganistán. La reportera de Ap Kathy Gannon fue gravemente herida en el mismo ataque. La explosión de un misil en Gaza mató al videoperiodista Simone Camilli y el traductor Abu Ali Fash. Además, el fotógrafo Franklin Reyes Marrero murió en un accidente de auto cuando regresaba de una misión a Cuba.

Pruitt dijo que se deberían actualizar las leyes internacionales para proteger a los periodistas. Propuso elaborar un nuevo protocolo en las Convenciones de Ginebra para declarar crimen de guerra el asesinato de un periodista. También sugirió enmendar los artículos de la Corte Penal Internacional, que se ocupa de crímenes de guerra, para que cubran específicamente a los ­periodistas.


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Luis Hernández Navarro: San Quintín: el fantasma de César Chávez

E

l fantasma de César Chávez se apareció el pasado domingo en Tijuana y San Diego. En un hecho histórico, los oaxacalifornianos de los dos lados de la línea fronteriza se encontraron para celebrar el encuentro binacional solidario con los trabajadores agrícolas en huelga de San Quintín.

Como se sabe, César Chávez fue un célebre y combativo organizador sindical de trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Autor de la frase Sí se puede (que después adoptarían los seguidores de la selección de futbol mexicano), dirigió en 1965 un paro de recolectores de uva y orquestó exitosamente un boicot contra las empresas agrícolas que la cultivaban. Participó con éxito en huelgas de hambre y protestas pacíficas para lograr mejores salarios y condiciones de trabajo para jornaleros.

La influencia del fallecido organizador sindical estadunidense en estas jornadas de lucha es evidente. Fidel Sánchez Gabriel, uno de sus principales dirigentes del movimiento, de 44 años y padre de seis hijos, dijo a Los Ángeles Times: No tengo formación escolar. Lo único que tengo es mi educación en la vida, aprendiendo de otros. Aprendí de la experiencia de César Chávez que no debemos aceptar vivir sumisamente. Como reportó La Jornada Baja California, el pasado sábado, en Calexico, California, integrantes de la Asociación César Chávez marcharon en solidaridad con los jornaleros mexicanos con la consigna César Chávez, el trabajo sigue.

El paro de San Quintín es un movimiento claramente binacional, al menos por cuatro razones. Primero, porque algunos de sus más relevantes líderes se formaron como organizadores sindicales agrícolas en huelgas y protestas en Estados Unidos. Fidel Sánchez luchó por mejores salarios para los pizcadores de tomate en Florida, con la Coalition of Immokalee Workers. Justino Herrera participó en una movilización contra los abusos de contratistas abusivos en Oregon. Eloy Fernández fue sindicalista en los campos de cultivo de California.

Segundo, porque los nexos entre los oaxacalifornianos de ambos lados de la frontera son antiguos. El Frente Indígena Oaxaqueño Binacional es ejemplo de ello.

Tercero: la huelga de San Quintín se ha sostenido, en parte, gracias a la solidaridad de diferentes iglesias cristianas y fundaciones de Estados Unidos.

Y, finalmente, debido a que el grueso de la producción hortícola de Ensenada se destina al mercado de nuestro vecino del norte. Eso significa que el futuro del movimiento dependerá, en buena medida, de la posibilidad de boicotear en los grandes almacenes de ese país la comercialización de fresas, jitomates y moras cultivadas en San Quintín, tal como en su momento lo hizo César Chávez. Sin esa presión, será muy difícil que los agroempresarios mexicanos (que son simultáneamente los políticos gobernantes en la entidad) entiendan que deben pagar buenos salarios y dar condiciones laborales dignas a los jornaleros del campo.

Contra lo que pudiera pensarse, el paro de los jornaleros agrícolas de San Quintín no fue una explosión espontánea. Estalló justo cuando comienza la temporada de la cosecha de fresa.

Tiene como antecedente la lucha de los jornaleros por agua potable y servicios en los más de 80 asentamientos donde viven. También, el creciente malestar ante la contratación desmedida de trabajadores eventuales. La combinación de las movilizaciones por demandas básicas y el enojo por la presión salarial a la baja fue forjando el tejido invisible que permitió la formación de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.

Un tambo de agua de 200 litros a la semana es todo el líquido vital que muchas familias de jornaleros agrícolas de San Quintín tienen para beber, cocinar y asearse. No es gratis. Deben pagarla. En cambio, las fincas agroexportadoras disponen de oro azul para regar alrededor de 9 mil hectáreas, extraídas de casi mil pozos.

Ensenada sufre un déficit de entre 100 y 150 litros por segundo. Sus acuíferos están sobrexplotados. Son frecuentes los cortes del suministro y el tandeo. Los más pobres son los más afectados. La escasez del líquido los hace víctimas de enfermedades gastrointestinales y de la piel.

En cambio, las grandes empresas agroexportadoras cuentan con concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua. En los hechos no cumplen con los volúmenes de agua que tienen asignados.

Muchos jornaleros agrícolas, que viven hacinados en cuarterías de 18 metros cuadrados, o en galerones de entre 50 y 200 cuartos, carecen prácticamente de todo. Por eso, durante años han luchado por lo más básico, comenzando por el agua potable. También por servicios sanitarios, escuelas, drenaje, electrificación y guarderías.

Es común que las mujeres den a luz sin atención médica. Las jornaleras deben laborar en los predios agrícolas acompañadas por sus hijos. San Quintín es el primer lugar en analfabetismo en Baja California. De unos 80 mil trabajadores que laboran en la región, sólo 28 mil están afiliados formalmente al IMSS.

Avivó también el descontento de los jornaleros establecidos en el valle la decisión empresarial de aumentar sin medida la contratación de trabajadores eventuales provenientes de otros estados, especialmente de Guerrero. La maniobra les permite abaratar costos de producción deprimiendo los salarios de los trabajadores permanentes y privilegiando el pago a destajo.

Más allá de los grandes logros que la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social ha cosechado, enfrenta el problema de que los acuerdos a que ha llegado son de carácter político. Eso significa que no están sustentados en contrato alguno y los jornaleros carecen (por lo pronto) de un sindicato independiente legalmente reconocido. En esas condiciones, el reto de dar seguimiento a la lucha obliga a la alianza a un ejercicio audaz de imaginación política y esfuerzo organizativo. Una apuesta innovadora, como la que en su momento emprendió César Chávez, y también Ricardo Flores Magón y sus camaradas.

Twitter: @lhan55


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